A pocos días que el Congreso Nacional recupere en plenitud sus facultades por la caducidad de delegaciones realizadas al amparo del Artículo 86 de la Constitución, por razones de administración o emergencia pública, hay un intenso trabajo político. Las  miradas se posan en las retenciones a las exportaciones pero la cuestión tiene una profundidad que pocos conocen.

En pocos meses se realizó una tarea de relevamiento ordenado hace dieciséis años  atrás, a través de la 8va cláusula transitoria de la Constitución reformada en 1994, que dispuso que toda legislación emergente de la delegación de facultades debía ser ratificada por el Congreso o caducaría en 1999. De ahí sale la historia de sucesivas prórrogas que concluye con la ley 26.519 del 2009, que fijó el último vencimiento para el próximo el 24 de agosto.
La Comisión Bicameral que investigó la legislación delegada emitió el 30 de junio un informe elaborado por juristas y el cuerpo de funcionarios legislativos del área de Información Parlamentaria del Congreso. Allí se determinó que existen no menos de 200 leyes que nacen de esa delegación de facultades y que son de naturaleza tributaria o contributiva como la Ley de Emergencia económica; normas de obra y servicios públicos, como la de Energía Eléctrica y Gas Natural; normas delegantes en materia de minería, como la de Federalización de hidrocarburos; normas en materia de administración pública, moneda nacional, deuda pública, organismos y acuerdos internacionales, promoción industrial, política económica y de fomento, como la de Zonas de frontera,  de Zonas Francas y la de Servicio Exterior y normas delegantes en materias de salud, trabajo y desarrollo social, educación y seguridad social y ambiental, como la de Convenciones colectivas de Trabajo y la de de Contrato de Trabajo.
Esta tarea no llevó a resolver un punto que será vertebral en el debate parlamentario que se debe dar en las próximas semanas. No se ha logrado un criterio unánime entre los juristas de nota consultados  por la Bicameral respecto del destino de este paquete de leyes si no hay un pronunciamiento del Congreso.
Como repuesta, por estas horas el Ejecutivo Nacional ha participado en la elaboración de un proyecto que enumera todas las normas que considera necesarias mantener bajo su órbita por razones de administración. La oposición no está dispuesta a ceder nada.
Ambas partes saben que se está jugando algo que mucho tiene que ver con la estabilidad del actual gobierno.